El acuerdo con Sea Shepherd incluirá a más instituciones 7/28/2007

El acuerdo con Sea Shepherd incluirá a más instituciones 7/28/2007
Redacción Judicial El convenio entre la Policía y los ‘pastores del mar’ (Sea Shepherd) entró a una etapa de estudio. Así lo confirmó ayer el comandante de la Policía, general Bolívar Cisneros. La última semana, el acuerdo para controlar la depredación de las especies de Galápagos fue cuestionado por la Marina, especialmente por la intención de realizar patrullajes marítimos. Aunque Sea Shepherd negó esa posibilidad, el comandante de la Fuerza Naval, Homero Arellano, aseguró que no podrán cumplir ninguna vigilancia en el océano. “No necesitaremos una intervención extranjera o no oficial para patrullar nuestro mar y para cumplir lo que nos corresponde hacer”, manifestó el miércoles en Guayaquil. Cisneros aseguró que conversó con Arellano para terminar con la polémica. Empero, aclaró que la Policía también tiene una jurisdicción nacional. El uniformado recalcó que para frenar el crimen organizado pueden actuar en cualquier parte del país. El Comandante policial confirmó que el convenio con Sea Shepherd está en análisis y que en ese estudio se unirán la Marina y el Ministerio del Ambiente. Además, felicitó el trabajo de la Unidad de Policía Ambiental. En las últimas semanas, la Unidad frenó varios cargamentos de aletas de tiburón. La última captura se realizó en El Oro, donde se detuvo dos camiones que llevaban partes del escualo.Los conductores fueron apresados. Ellos dijeron que los contrataron en Manta (Manabí) para llevar la carga hasta Perú. Según las investigaciones de la Unidad de Policía Ambiental, el tráfico de las especies va hasta Perú y desde allí es enviado a los mercados asiáticos. Los puntos de recolección de las especies están en Manabí, Guayas y El Oro.
Otro caso en investigación La Policía realizará una investigación sobre las supuestas irregularidades en la inscripción de aspirante para Policía, en el 2006. El comandante de la institución, Bolívar Cisneros, dijo que la Inspectoría deberá realizar un análisis para comprobar los cobros ilegales a los aspirantes. Además, dijo que la Corte Distrital de la institución debe confirmar quiénes estuvieron implicados y las sanciones. En el caso de las 106 aspirantes mujeres que también fueron engañadas, solo 43 cumplen con los requisitos, el resto no entrará a la Policía, recalcó Cisneros.Derechos reservados ® 2000-2007 GRUPO EL COMERCIO C.A. Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización de Diario El Comercio